Hace unos días escribía en un post que nada más al primer día de vacunación se presentaron los primeros problemas, asociados con la incomprensible exclusión de los posgradistas en el área salud de quienes gozaban de prioridad en la vacunación.
Pasaron pocos días y para sorpresa de nadie, el Ministro de Salud se ve envuelto en un problema de mayores dimensiones, porque esta vez está involucrado con un acto que, a todas luces, demuestra los graves conflictos éticos que el Ministro mantiene. Estos hechos que hoy son de conocimiento público, no solamente revelan la corrupción que campea en todos los niveles de la gestión pública, sino que además ha sido el escenario propicio para que reaparezca el populismo en su más pura esencia.
Aprovechando la época electoral, se escucha a candidatos asegurar que en su gobierno esto no pasará, algunos, ya con pasado en Carondelét, incluso dicen que en su gobierno esto no pasaba, finalmente todos quieren ser protagonistas.
En el marco de este baratillo de ofertas, aparece un viejo conocido, que hoy se integra a este juego de ganar popularidad, pero lo hace “poniendo a los suplentes en la cancha”. Me refiero a la Asamblea Nacional, nuestro mal llamado “parlamento”, que tan desgastado está y que luego de vergonzosas actuaciones como la aprobación de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria que cae como un castigo al emprendimiento en un tiempo en el que todos los países apuntan a la reactivación económica, hoy quiere congraciarse con un pueblo que confía en ellos casi tan poco como lo hace en un Presidente que no alcanza siquiera el 10 % de apoyo popular.
¿Qué se le ocurrió a la Asamblea? Hoy, martes 26 de enero, dejando en segundo plano la discusión de proyectos de reforma a la Ley de Comunicación y a la Ley de Movilidad, prefirió dedicar cerca de 2 horas para discutir la aprobación de una resolución mediante la cual “exige” al Presidente de la República cesar al Ministro Zeballos. ¿Suena bien no? Pues hay que recordar que como dice el popular refrán, no todo lo que brilla es oro y, en efecto este caso comprueba esa verdad en la práctica; ¿por qué? Pues la respuesta es sencilla; la Constitución de la República del Ecuador, vigente desde el año 2008 en su versión actual, caracteriza el Ecuador como una “República “, lo que para los fines que nos interesa aquí conlleva, entre otras cosas, un principio de separación de funciones del poder público. Este último dato se traduce en que una función legislativa, como la que ejerce la Asamblea Nacional, tiene un ámbito definido de funciones que es independiente de aquellas que corresponden a la Función Ejecutiva, en este caso representada por el Presidente de la República, y entre las que no se encuentra la atribución para “exigir” al Presidente quitar o poner a un Ministro, pues está ultima competencia, de forma expresa, es propia y exclusiva del Presidente.
Siendo así, es claro que la tan proclamada resolución no es más que un acto que, sin la menor convicción de lo que expresa, pretende reconciliar al legislador con el pueblo, tanto como el pecador que al rezar un par de oraciones pretende reconciliarse con su creador para enseguida volver a pecar. Pues sí, la Asamblea Nacional en realidad no tiene potestad de “exigir” que el Presidente cese a un Ministro, o al menos si lo hace debe saber que aquello, jurídicamente, no tiene ningún efecto.
Si publicaciones sensacionalistas de los medios “Comerciales” de comunicación le generaron una expectativa diferente, ahora puede saber que no es más que otro truco publicitario, quizá parte de una mal armada estrategia de distracción que pretende ocultar problemas que sobran en otras áreas, tal como ha sido la tónica desde hace varios años atrás.
Pero ¿qué debemos hacer entonces? Posiblemente la respuesta a esta pregunta rebasa el alcance de este post, pero al menos podemos sugerir un par de ideas. La primera, y más lógica, que ante el evidente escándalo generado, el Presidente, por elemental coherencia y respeto a sus mandantes, cese de inmediato al Ministro, de oficio, porque aquello es una exigencia moral, más que una exigencia política. La segunda, que la Asamblea, tomándose enserio su rol de fiscalizador, inicie de inmediato el enjuiciamiento político al Ministro para que concluido el mismo pueda tomar la decisión de “censurarlo” y entones sí, por efecto constitucional y legal, cesarlo en funciones.
Solo el paso de los días dirá cuál es el camino que se seguirá, pero si de algo podemos estar seguros es que importa mucho no perder de vista este asunto, pues de lo contrario, cómo ha sucedido con casi todos los escándalos de corrupción en esta administración, quedará ocultado y olvidado por el siguiente escándalo que con seguridad no tardará en salir.
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