Y un 20 de enero de 2021 llegó la esperada vacuna. Llegó pese a la indolente y descomedida respuesta del representante de la “autoridad” sanitaria nacional, quien horas antes había aseverado no conocer una fecha u hora para el arribo, pero, eso sí, sería uno de los primeros en vacunarse.
El cargamento, más ligero de lo que el gobierno había prometido, trajo consigo algo que pesaba más que el mismo medicamento, trajo esperanza acompañada de la oferta gubernamental de dar prioridad a los sectores más expuestos, a quienes llamaron “servidores de la primera línea de atención”. Fue tal vez eso, o posiblemente la ilusión de romper la costumbre de ya no esperar, ni creer en nada nada durante casi 4 años, lo que movió las sensibles fibras de la oxidada confianza popular.
Sin embargo, superando sus propios límites y demostrando que siempre es posible ser peor, el gobierno volvió a sorprendernos con su ya acostumbrada moral selectiva, pues tan solo al primer día de vacunación no tardaron en surgir los primeros reclamos (no cubiertos por los medios de comunicación para NO variar), en los que se hacía conocer de la incomprensible exclusión de los médicos posgradistas del listado de profesionales de la salud que serían beneficiarios proritarios de la ansiada vacuna.
Tal vez la intuición nos diría que aquello es lógico, pues al final, los posgradistas, la mayoría de ellos, corresponden a áreas de formación que poca o ningún relación tienen con la famosa “primera línea de atención”; no obstante, este es uno de los tantos casos en que la intuición nos falla, porque pocos conocen que desde hace varios meses atrás posgradistas de todas las áreas, sí, usted leyó bien, de todas las áreas, han sido “requeridos” a prestar servicios en el área COVID. Aquello, como es lógico pensar, ha motivado que estudiantes de posgrado en ginecología, anestesiología, imagenología, entre otros, quienes debían emplear su tiempo de estudios en formarse para tales áreas de experticia, han sido distraídos de sus estudios para “apoyar” el trabajo de atención a pacientes COVID. Aquello, además, ha tenido lugar con la complicidad de varias instituciones de educación superior, las que aparentemente han privilegiado su interés natural en conservar plazas de rotación (siempre escasas), por encima de la obligación de defender el derecho de quienes le dan sentido a su existencia (los estudiantes).
Entonces, efectivamente la intuición nos falló, pero lo más grave es que a las autoridades les falló (¿o faltó?) la conciencia moral, pues no tiene justificación “hacer de cuenta” que el posgradista no se encuentra en primera línea de atención, cuando ha sido la propia política pública (no tan pública por cómo se ha formulado y ejecutado) la que los ha colocado en aquella línea, exponiéndolos al mismo riesgo que otros profesionales de la salud y posiblemente a uno mayor por ser requeridos a desarrollar tareas ajenas a su formación, inclusive a costa de su integridad y la de los propios pacientes.
Aunque la sabiduría popular conoce que aunque una mancha más no hace más feroz al tigre, si usted al leer estas líneas no siente una renovada y creciente indignación, y no se identifica con la lucha por sensibilizar y humanizar a una clase política indolente, entonces es claro que el COVID no debe ser nuestra mayor preocupación.
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