Las convulsiones que provocan los vaivenes de la política, traen consigo naturalmente cambios en la conducta de la sociedad, cuyos miembros cíclicamente adscriben a una orientación ideológica que se identifique en la mayor medida con sus convicciones e intereses.
En el caso ecuatoriano esa oscilación ha conseguido en los últimos años una gradualidad que, interpretada a la luz de la historia del país, generó la esperanza del nacimiento de una cultura democrática, capaz de brindar estabilidad social y política.
Pese a lo anterior, la progresiva profundización de la ideología oficialista, con la presión que la misma ejerce sobre instituciones y estructuras de poder fuertemente arraigadas, empieza a generar desacuerdos y rupturas comunicativas, a cuya agudización coadyuvan numerosas decisiones que no gozan de respaldo popular, así como el hostil contexto económico internacional que complica la sostenibilidad de proyectos y planes para varios países de la región.
No es este el espacio para exponer argumentos en favor o en contra de decisiones o actuaciones particulares del Gobierno, pero sí el lugar propicio para llamar a la reflexión del lector acerca de la responsabilidad que entrañan nuestros actos como ciudadanos en el marco del Estado de Derecho al que adscribimos al aprobar la Constitución de Montecristi con el 63,93 % de los votos válidos.
Desde esta perspectiva, es lamentable constatar la violencia que brota de las redes sociales en los últimos días (sin afirmar por ello que la misma carezca de una causa que le sirva de origen), motivada en el desacuerdo con iniciativas normativas puntuales que, desde mi punto de vista, merecen mayor análisis, difusión y debate desde ambas orillas.
La crítica no se dirige a negar el derecho a expresar una particular opinión, e inclusive a discordar con medidas gubernamentales, pues siendo aquellos derechos reconocidos no es dable obstaculizar su ejercicio en tanto el mismo sea legítimo y se desarrolle a través de los canales adecuados; no obstante, es del todo reprochable que un derecho ciudadano degenere en posturas irracionales, con tendencia anárquica, que buscan devolver al Ecuador al estado de caida libre que tantos años de progreso le restó, y que condujo al absurdo de posicionar el discurso folclórico de una "ingobernabilidad" inmanente.
Este es el momento en el que debe imperar la racionalidad, aquello que nos distingue de los animales y nos convierte en seres humanos; no es posible consentir que a guisa de protesta y resistencia, se eludan los mecanismos que permitan, por una parte, re encausar la conducción política de la sociedad, y por otra, sostener paralelamente no una ideología, un partido o a una autoridad, sino una institucionalidad en la cual se debe asentar el progreso de una sociedad civilizada, desde luego siempre perfectible y en constante evolución.
No permitamos que sean terceros los que identifiquen lo que es correcto y lo que no, no abandonemos nuestra racionalidad y capacidad de formarnos un criterio propio de las cosas, y cuidemos especialmente que los cantos de sirena de quienes otrora nos provocaron graves daños como país y como sociedad, no nos seduzcan con mensajes reescritos a su exclusiva conveniencia.
Es el tiempo de un salto cualitativo que destierre a los ángeles y demonios que procuran hacerse un lugar en la humanísima y terrenal tarea de la política.
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